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    Una de cal por una de arena

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Caída libre: inseguridad, democracia fallida y espionaje de Estado.

Written by - Miguel Angel Valenzuela Shelley on Miércoles, 14 Junio 2017. Posted in Recientes

México sin duda se ha transformado y no es el México de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez Rojas, no es el del 2 de octubre, el del halconazo, del “hoy fue un día soleado” o el de la dictadura perfecta. El país ha cambiado y ha sido un camino largo, difícil y que ha costado muchas vidas, el problema es que no sabemos en qué se ha convertido ese México o hacia dónde va; luego de la esperanza que significó la elección del 2000 cuando el PRI abandonó Los Pinos –más allá de quién lo ocupó- rápidamente hubieron señales que (al menos) preocupaban. Diecisiete años después parece que vamos en caída libre, pues los gobiernos –en sus diferentes niveles- son incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos –salvo contadas excepciones- tampoco pueden asegurar elecciones limpias y en consecuencia confiables, aunado a esto, los reclamos de espionaje por parte de instancias del gobierno federal a organizaciones no gubernamentales incrementan la desconfianza de la sociedad hacia el responsable de generar precisamente certeza, confianza.

El año 2000 no sólo trajo una (hasta ahora) fallida transición a la democracia en México, sino también un importante proceso de empoderamiento por parte del crimen organizado, principal pero no únicamente el vinculado al narcotráfico. La descentralización y fragmentación del poder, así como la necesidad de los Estados Unidos por disminuir la migración y tener un poco de control sobre su frontera sur, provocaron que México ya no fuera sólo un país de tráfico de estupefacientes, sino también de consumo, por lo que ahora los cárteles ya no sólo se enfrentaban por el control de las rutas, sino por las plazas para el consumo, por el mercado. Esto resultó en una importante escalada de violencia en cada vez más estados, más corrupción, gobiernos ligados a cárteles específicos y con el paso de los años, diversificación de las actividades criminales, tales como el secuestro, el cobro de piso o cobro de cuota a transportistas y vendedores ambulantes. Por supuesto que a esto habría que agregar la inseguridad vinculada al robo a transeúntes, a casa habitación, automovilistas, etcétera; fenómeno que también ha crecido, esto en buena medida derivado de un país que vive en crisis y que no ofrece empleos bien remunerados que permitan una buena perspectiva de vida, que permitan proveer. El gobierno mexicano y sus distintos niveles, no han sido capaces de vencer estas amenazas y en no pocos casos, parecen estar perdiendo la batalla.

A este escenario ya muy preocupante y al cual nos estamos acostumbrando, las últimas semanas se han agregado otros asuntos que muestran –una vez más- la incapacidad del Estado mexicano frente a amenazas estratégicas: el control del crimen organizado de las cárceles y el robo de combustible o huachicol. Si hay lugares que deben estar completamente controlados por el gobiernos, éstos son sus bases militares, sus cárceles y sus centros estratégicos vitales, por ejemplo el combustible. El que las autoridades penitenciarias no controlen dichos centros, no es una novedad, cuenta de ello dan algunas fugas –como la de Chapo Guzmán, “las”, plural- o el hecho de que gran parte de las llamadas de extorsión provengan precisamente de las cárceles. Sin embargo, el descontrol o complicidad no se limita a eso, pues en penales como el de Ciudad Victoria (Tamaulipas) se han encontrado auténticos arsenales; en éste en particular, se hallaron granadas, lanzacohetes, fusiles de asalto de diversos calibres y armas de mano, así como diversos lujos que no corresponden a una penitenciaría. Ese poder de fuego permitió (o provocó) un enfrentamiento de varias horas al interior del penal, con un costo de 13 personas fallecidas y decenas de heridos. Lo más grave es que estos hallazgos lejos están de ser una novedad, pues datan al menos de 2013. ¿Qué control pueden tener las autoridades sobre estos penales si los reos cuentan con este armamento? ¿Cómo ingresan a ellos decenas de armas de tan diverso calibre? ¿Las autoridades responsables de los penales son corruptas, ineficientes o imbéciles? Si eso pasa en los penales, en los que debe haber un total control de las autoridades, ¿hay alguna posibilidad de control en el resto del territorio?

El huachicol -que es el robo y la venta ilegal de combustible- y que se ha concentrado en los estados de Puebla y Veracruz, es otra de las serias amenazas que enfrenta el Estado mexicano. El problema que enfrentan las autoridades, es que esta actividad se ha transformado de un delito prácticamente hormiga, a una amplia red criminal que incluye a niños de diversas poblaciones que colaboran como halcones (vigilantes) para los huachicoleros. Los beneficios que ha traído a la población el huachicol, ha provocado que los habitantes defiendan a los huachicoleros y de hecho los ayude a combatir a las autoridades, inclusive a las fuerzas armadas. Desde abril ha habido diversos combates entre el ejército y poblaciones en donde se realiza el huachicol, pero el gobierno aún no ha podido controlar la situación. Hasta ahora el huachicol se ha concentrado en Puebla y Veracruz, ¿veremos situaciones similares en otros estados?

A diecisiete años de que se fracturara la dictadura perfecta, la democracia no sólo no se ha consolidado en México –entendiendo por democracia la participación ciudadana en diversos ámbitos de la vida pública y siendo los procesos electorales sólo una parte de la vida democrática contemporánea- sino que parece haberse estancado cuando no dado pasos hacia atrás. A partir de 2006 las elecciones federales y estatales son menos confiables, de hecho parece que el 2000 fue un accidente democrático inevitable y no el inicio (o continuación) de un proceso de transformación democrática. En consecuencia los gobiernos son limitadamente legítimos, situación que se empeora por la terrible corrupción y enriquecimiento sospechoso que ha caracterizado a gobiernos como el de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Jorge Herrera, Egidio Torres, Guillermo Padrés, Humberto Moreira o el propio Enrique Peña Nieto.

El pasado domingo 4 de junio se llevaron a cabo procesos electorales en Veracruz, Coahuila y el Estado de México. Las advertencias sobre un posible fraude electoral –principalmente en Coahuila y el Edomex, en donde habría elecciones para gobernador- parecían anunciar (una vez más) la crónica de una manipulación anunciada, o fraude. El proceso electoral, la elección, no puede ser un ejercicio libre si la decisión de los electores está condicionada a la obtención de un beneficio; ahí está la manipulación, ahí está el fraude, la elección de Estado. ¿A eso obedecerá la atípica participación popular del 80% en zonas rurales del Estado de México? La segunda vuelta podría ayudar a tener un vencedor con mayor legitimidad, pero se necesita más para contener o disminuir la manipulación de los procesos por parte de los gobiernos, y aún más para construir una sociedad democrática.

La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) parece ser una herramienta muy útil a fin de crear una estructura democrática e impulsar verdaderos procesos democráticos, es decir, mecanismos de cooperación entre el gobierno, la iniciativa privada y los ciudadanos. Para esto, la Alianza en su capítulo México se conforma de un Secretariado Técnico Tripartita (STT) responsable de coordinar y vigilar el cumplimiento de los compromisos que establece el país en su Plan de Acción bianual. Ahora, el STT está conformado por el  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI) y la Secretaría de la Función Pública, por parte del gobierno mexicano; la sociedad está representada por diez Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s). Ell@s en conjunto ayudan a impulsar Gobierno Abierto en México –además de los esfuerzos y resistencias estatales- y junt@s también han aprendido del proceso que inició en 2011. No obstante, en mayo pasado el grupo de ONG’s del STT pidió al gobierno mexicano que aclarara e investigara amenazas y espionaje que habían sufrido algunos miembros de ellas, lo que podría relacionarse con un artículo del New York Times en febrero pasado (2017), en el que reveló que  diversas instancias del gobierno de Enrique Peña Nieto habían estado usando programas de espionaje, obtenidos de empresas como NSO Group (Israel), Gamma Group (Inglaterra)o Hacking Team (Italia); cabe aclarar que dichas empresas sólo venden su spyware a gobiernos y no a particulares, de hecho una cláusula de compra venta prohíbe a los gobiernos a compartir los programas con particulares, ya sean individuos o empresas. El gobierno de EPN hizo caso omiso a la solicitudes –más tarde exigencias- de las ONG’s, y como resultado de ello, éstas decidieron por lo pronto retirarse del STT, con lo que el impulso de Gobierno Abierto, de mecanismos democráticos, queda en manos gubernamentales. La Iglesia en manos de Lutero, por lo que la caída libre, continúa. 

About the Author

- Miguel Angel Valenzuela Shelley

Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y Candidato a Doctor en la misma especialidad por la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

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