La gravedad de la migración infantil; entre el garrote y la zanahoria

Se agrava la crisis humanitaria en las fronteras norte y sur de nuestro país y el gobierno mexicano opta por esgrimir principios de orden, seguridad y legalidad. 

Durante las últimas semanas hemos escuchado repetidamente a funcionarios del gobierno mexicano pronunciarse a favor de una migración “ordenada, segura y regular”; eso sí, también corean, con respeto a los derechos humanos de aquellos que por necesidad y en condiciones precarias intentan cruzar más de una frontera hacia los Estados Unidos.

Por supuesto, y sin sorpresa alguna, las referencias al reforzamiento de la política migratoria mexicana están acompañadas de un discurso patriótico que resulta increíblemente innecesario.

Bajo toda esta narrativa nacionalista, de protección ordenada, segura y regular de los derechos humanos de los migrantes está el complejo fenómeno de migración infantil. El Instituto Nacional de Migración reporta que entre el primero de enero al 18 de marzo de este año se detectaron poco más de 4 mil menores de edad acompañados y no acompañados viajando de manera indocumentada por nuestro país.

Los gobiernos de territorios tránsito y destino enfrentan el problema de atender la migración infantil que, por un lado, es forzado por condiciones económicas y de seguridad y, por el otro, es aprovechado por redes de tráfico de personas que aseguran a sus víctimas que el gobierno de Joe Biden ha instaurado una política de fronteras más abiertas; lo cual es falso.

De hecho el problema migratorio más grave que el gobierno estadounidense enfrenta hoy es precisamente el de la atención y procesamiento de los casos de migración infantil. La oficina de Protección de Aduanas y Fronteras reportó que en febrero se llegaron a tener detenidos casi 9 mil quinientos menores de edad sin acompañante. 

La administración Biden ha tenido que contratar el servicio de organizaciones de la sociedad civil para ofrecer los servicios extra de albergue al verse rebasada la infraestructura pública dedicada a ello (situación agravada por la pandemia de COVID-19). 

Ciertamente, la administración Biden/Harris ha tomado pasos para atender la crisis migratoria que ha empeorado durante los últimos ocho años. Por ejemplo, se realizó un cambio a la llamada Regla de Cargo Público que aumentaba la dificultad de que migrantes de bajos ingresos obtuvieran residencia legal (Green Card) y propuso legislación aumentar el número de residencias legales otorgadas en un año hasta en un 35%. 

También, la cámara de representantes acaba de aprobar una legislación que abre la posibilidad de acceder a la ciudadanía por parte de los individuos beneficiarios del programa DACA (también conocidos como DREAMERS). 

Sin embargo, ninguna de las medidas hasta hoy tomadas atiende el problema grave del aumento de la migración infantil y no establece, por mucho, ningún tipo de política de brazos abiertos a la migración.

De hecho detener el flujo migratorio indocumentado, en especial el de menores de edad, es prioritario para el gobierno estadounidense y lo será para el mexicano mientras no haya solución a la crisis en ambas fronteras. 

El gobierno mexicano ha tenido que responder, en una compleja materia de cooperación, con el cierre temporal al paso terrestre no esencial por la frontera sur (claramente dirigido a reducir el paso de migrantes indocumentados) hasta el 22 de abril próximo.

A diferencia de la activación en materia migratoria de la Guardia Nacional en 2019 tras la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles a productos mexicanos, esta vez el gobierno estadounidense respondió de manera positiva a la petición delgobierno de López Obrador de liberar y compartir parte de las dosis de la vacuna anti-Covid de AstraZeneca comprometiendo 2.5 millones.

Así ha sido el ritmo de la relación histórica: a veces con el garrote y otras tantas con la zanahoria. 
Las formas y la dinámica de la relación bilateral están siendo modificadas por el nuevo gobierno estadounidense, pero el contenido real de la política migratoria (de nuevo ingreso y expulsión expedita por Title 42) seguirá siendo consistente con los de las administraciones Obama y Trump. De eso no nos queda duda.

Amando Basurto Salazar

Doctor en Estudios Políticos por la New School for Social Research y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto amandobasurto@nomospolitico.comhttp://nomospolitico.com

Publicado también en Cuestione el 23 de marzo

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